Por Luis Suaste / @regenerazion

Hace 16 años, durante la madrugada del 7 de junio de 1998, el Ejército Mexicano asesinó a 11 indígenas ñuu savi (mixtecos) en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Una masacre que se compara con otra perpetrada en el estado de Chiapas seis meses antes: la de Acteal, en la que 45 indígenas tzotziles fueron asesinados por paramilitares.

Unos años antes, el 28 de junio de 1995, la policía estatal motorizada de Guerrero mató a 17 campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez. Tres masacres catalogadas por organismos independientes como crímenes de Estado; realizadas desde el amparo del poder.

Hoy nos encontramos con el hallazgo de tres fosas clandestinas en la localidad de Pueblo Viejo, municipio de Iguala, Guerrero, en las que se han encontrado —hasta el lunes 6 de octubre— 28 cuerpos enterrados, calcinados; incompletos. Puestos allí por sicario-policías amparados por el gobierno local. Un descubrimiento que duele… que da rabia.

Y es que todo indica que se trata de los cuerpos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, secuestrados la noche del viernes 27 y la madrugada del sábado 28 por policías municipales, y entregados al cártel Guerreros Unidos (del cual también forman parte los agentes y el mismo alcalde).

Ese funesto fin de semana, siete personas —tres normalistas, un joven futbolista y tres civiles más— perdieron la vida bajo los tiros de los narco policías, quienes persiguieron a los estudiantes por la ciudad y abrieron fuego sobre ellos en al menos dos ocasiones, llevándose a otros 43 jóvenes.

EL DOLOR DE GUERRERO-1

Son los desaparecidos.

Julio César Mondragón, uno de los tres normalistas asesinados, fue encontrado con el rostro desollado. Perdió la vida de manera atroz; provenía de la ciudad de México; sus compañeros lo apodaban el “Chilango”; era padre de una pequeña de dos meses, estaba casado, y apenas hacía unas semanas que inició sus clases en la Normal de Ayotzinapa. Viajó a Guerrero para estudiar.

El presidente municipal —perredista— de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y Felipe Flores Velázquez, secretario de Seguridad, se encuentran prófugos. Huyeron antes de enfrentar su responsabilidad en la masacre. Se dice en las calles de Iguala: “Ahí quien manda es el narco”. Y se dice también que Abarca Velázquez es un asesino; se sabe de su negro historial.

Guerrero: ¡dueles!

Hace tres años policías del estado asesinaron a dos estudiantes de la misma Normal Rural, en la autopista del Sol. Y hoy, con saña, se escribe un episodio más de la historia de este Estado fallido; uno que se relaciona con el narcotráfico a plena luz del día.

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