En medio de la polémica entre quienes condenan la violencia de género y quienes defienden la libertad de expresión, el gobierno de Jalisco mostró una determinación notable para sostener que Gerardo Ortiz hizo algo malo. Aunque aún no haya sido juzgado. El siguiente texto apareció originalmente en el número 14 de la Revista Territorio. Los reproducimos aquí con el permiso de los editores.

Por Javier Angulo
Ilustración: Inés de Antuñano

Gerardito el hijo de Sinaloa era el niño que cantaba “Te quiero porque te quiero”, que aparecía recargado en una camioneta Suburban en la portada del disco La pasadita, y que participó en Código Fama, el reality show infantil producido por Televisa en 2003. Para el día en que lo detuvieron al llegar al aeropuerto de Guadalajara, Gerardito ya era Gerardo Ortiz, y llevaba casi veinte años como cantante del género regional mexicano. La Fiscalía de Jalisco lo acusa por hacer “apología del delito” en el videoclip de la canción “Fuiste mía”, en el cual personifica a un individuo que tortura a su novia, la mete en la cajuela de un auto y le prende fuego en venganza por una infidelidad.

La medida preventiva1 que se dictó contra Gerardo Ortiz el 19 de julio, es parte de un proceso legal que se inserta en una trayectoria artística no exenta de situaciones complicadas. En marzo de 2011 el cantante sufrió un atentado en Colima cuando dispararon contra la camioneta en que viajaba acompañado de cuatro personas. Dos perdieron la vida. En mayo 2014, una manta colgada en un puente de Tijuana, con un mensaje firmado por el grupo “La maña”, amenazaba a Ortiz con matarlo si interpretaba canciones a favor del “Aquiles” o de “la Rana”, operadores del Cártel de Sinaloa en la ciudad fronteriza. En noviembre de 2015, una balacera se desató en un show que ofreció en Texcoco, mientras cantaba el tema “Aquiles afirmo”.

gerardo ortiz revista territorio

Gerardo Ortiz nació en Pasadena, California, no en Sinaloa, pero su música representa mucho de lo que un sector de la sociedad sinaloense quisiera desligar de su identidad. La narcocultura tiene un vehículo de difusión en grupos y solistas que cantan loas al estilo de vida o a personajes reales del crimen organizado. Acompañados de guitarras y acordeón al estilo norteño, o bien de trompetas, tubas, clarinetes y tarolas como se usa en la tambora sinaloense, la temática de sus canciones suele ir por tres vertientes principales: las que hablan de narcos, las de fiesta y las que hablan de amor. Gerardo Ortiz ya le había dedicado una canción a Amado Carrillo, el capo de Navolato que inspiró la serie El Señor de los Cielos, y a Dámaso López, integrante del Cártel de Sinaloa y a quien los medios llegaron a referirse como “el sucesor del Chapo Guzmán”. Pero fue una canción romántica el motivo de la batalla legal que hoy enfrenta.

La atención mediática que ha recibido Gerardo Ortíz por el tema “Fuiste mía”, se ha caracterizado por una narrativa periodística que reproduce términos legales dejando a la opinión pública sin posibilidades de encontrar matices en el tema. Y es que las imágenes que acompañan la canción, llegaron en un momento de encrucijada para el Estado mexicano: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía cuenta un promedio de siete feminicidios al día en México, y en Jalisco, a causa “de la violencia sistemática” que viven las mujeres, en febrero de 2016 se activó una alerta de género.

El video fue grabado en diciembre de 2015 en una casa de Zapopan, y se estrenó en Youtube el 28 de enero de 2016. Dos meses después, la indignación por la violencia que muestra el videoclip estalló en medios de comunicación y en redes sociales. Para el 29 de marzo, el día en que la Fiscalía de Jalisco inició de oficio la investigación hacia el cantante, en la plataforma Change.org ya existía una petición para retirar el video de Youtube, y Sofía Virgen, coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, envió una carta al ayuntamiento de Zapopan exigiendo que se investigara el uso de patrullas del municipio en la filmación. “No podemos permitir la utilización de recurso público para promover la violencia feminicida”, expresa el documento.

Lo curioso es que las declaraciones gubernamentales y la actividad judicial no se han detenido. En un lenguaje barroco parecido al que se utiliza en expedientes y procesos judiciales, las autoridades han insistido en moralizar la discusión pública, y poco se ha dicho sobre cómo este caso contribuye a que el nivel de la vida pública se deteriore.

ROMÁNTICO ORDINARIO

En la historia que cuenta el video de “Fuiste mía”, se recrea un asesinato que queda impune, pues la policía, interpretada en la obra por personas que al momento trabajaban como agentes de la comisaría de Zapopan, llega tarde a la escena del crimen. Así, el material no sólo le recordó a la sociedad que los feminicidios son una realidad: también puso a las autoridades frente al espejo de su ineficacia, cuando las estadísticas comprueban que, tal como en el video, en México es posible matar sin ir a dar a la cárcel.

En abril, el mes de las marchas que se replicaron por varias ciudades del país con la consigna “Vivas nos queremos”, el Senado de la República pidió a Pablo Lemus, alcalde de Zapopan, investigar a fondo “la participación de la Comisaría General de Seguridad Pública en la grabación del video de contenido misógino y violento, y se determinen elementos de sanción a quién o quienes resulten responsables”. La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado en el que expresaba su “profundo rechazo” al videoclip que en palabras de la institución “invita a la violencia contra la mujer, además de que minimiza y normaliza este flagelo social”. El día 9 del mismo mes, el video dejó de estar en Youtube, pero una versión con marca de agua fue subida posteriormente.

Los policías que actuaron en el videoclip fueron separados de sus cargos. Derivada de una averiguación previa2, se solicitó una orden de presentación al cantante en calidad de testigo, para aclarar la presencia de los agentes y las patrullas de Zapopan en el video. Gerardo Ortiz acudió a las instalaciones de la Fiscalía el 22 de abril y estuvo ahí durante cuatro horas. Fue recibido con muestras de apoyo por parte de algunos fans que se congregaron afuera del lugar, pero no ofreció declaraciones a los medios.

Quien sí habló ese día con la prensa fue Eduardo Almaguer, fiscal general de Jalisco, y dio a conocer que le habían notificado al cantante otra orden de presentación, esta vez en calidad de indiciado, por otra averiguación previa3, en la que se investigaba su presunta responsabilidad por apología del delito: “Estaríamos revisando este video en sí qué tanto pudiese, de alguna manera, ser una publicidad o una apología del delito que se está mostrando”, declaró el funcionario. Ante esta orden, la defensa jurídica de Gerardo Ortiz presentó un amparo y evitó, de momento, una segunda comparecencia ante las autoridades.

AQUILES AFIRMO

En 2006, los ministros de la Suprema Corte, Cossío Díaz y Silva Meza, explicaron su voto en contra de una sentencia que le negó el amparo a Sergio Witz, autor del poema “La Patria entre la Mierda“, en la que expresó el deseo de utilizar la bandera de México como papel higiénico, y que fue demandado por el Procurador General, la razón: “insultar a los símbolos nacionales”. El argumento principal de los ministros para otorgar el amparo fue que “la libertad de expresión protege al individuo no solamente en la manifestación de ideas que comparte con la gran mayoría de sus conciudadanos, sino también de ideas impopulares, provocativas o, incluso, aquellas que ciertos sectores de la ciudadanía puedan considerar ofensivas. La libertad de expresión es, en muchos sentidos, un derecho al disenso. Los derechos tienen por naturaleza un carácter contrario a la mayoría, el cual obliga a desvincular su contenido y alcance protector respecto de las opiniones y determinaciones tomadas por las mayorías en cierto momento histórico.”

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En este sentido, el trabajo de las autoridades judiciales para llegar a emitir una sentencia condenatoria contra el cantante, no deberá ser nada sencillo. Implica demostrar que Ortiz, al aparecer en ese videoclip, tenía la total determinación de provocar que otras personas mataran mujeres.

“La Suprema Corte ya lo ha dicho en varias tesis”, dice la abogada y periodista Surya Palacios, “la instigación para cometer cualquier ilícito debe ser directa, debe ser una acción con conciencia de la gente, de provocar la ejecución del delito, es decir, quien vaya a realizar un video en este caso debe tener la intención de poner este tipo de escenas violentas para que la gente pueda ser influenciada y se pueda cometer el feminicidio, lo cual es muy difícil de probar”.

“Es cierto que el video puede constituirse en una conducta delictiva como lo es la apología del delito”, explica la abogada, “sin embargo la Fiscalía de Jalisco o cualquier otra procuraduría tiene la obligación de probar que existía previamente la intención deliberada de expresar que se cometiera un delito”.

TE QUIERO PORQUE TE QUIERO

Una coyuntura que tuvo eco por todo el país exigía de las autoridades una respuesta en el mismo nivel: en una averiguación que fue turnada a la Procuraduría General de la República, se le atribuye a Gerardo Ortiz un posible vínculo con “el Dany” Quintero, jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación detenido el 10 de octubre de 2015. Supuestamente Quintero se encontraba en una balacera entre elementos del Mando Único de la Fiscalía y civiles en 2014, en la misma casa donde un año después se grabaría el video de “Fuiste mía”. La investigación sigue pendiente.

En cambio, para abrir la averiguación previa por apología del delito en el caso de Ortiz, la Fiscalía de Jalisco no quitó el dedo del renglón. El 25 de abril de 2016 el cantante presentó su declaración por escrito, pero no acudió a ratificarla. Ello abrió la posibilidad para que la Fiscalía obtuviera una orden de arresto que lo obligara a comparecer, lo cual sucedió a principios de mayo. Sin embargo, la defensa de Gerardo Ortiz presentó un amparo contra cualquier orden de aprehensión girada en su contra, un recurso que la Fiscalía consideró improcedente. Aún así, el cantante contó con la protección legal para evitar ser detenido, la cual venció el 16 de junio. Casi un mes más tarde, el 13 de julio, el fiscal Eduardo Almaguer confirmó una nueva orden de aprehensión, en esta ocasión contra Gerardo Ortiz y Daniel Alejandro Ortiz, el productor del video.

“Se logró acreditar la responsabilidad de estas dos personas porque son ellos, quienes de acuerdo a la diligencia que llevamos a cabo, la Fiscalía, se presume que fueron quienes elaboraron y diseñaron el contenido de este video, el cual publicita acciones violentas en contra de las mujeres, pero además motiva el ejercicio de estas acciones y el daño que pueden ocasionar”, declaró Almaguer a los medios, negando cualquier posibilidad mediática de entender el entramado legal en el que Gerardo Ortiz se encuentra.

QUIÉN SE ANIMA

Cuando abordó el avión en Culiacán, Sinaloa, tal vez Gerardo Ortiz ya sabía lo que ocurriría al llegar a Guadalajara, el domingo 17 de julio. Del aeropuerto en la capital de Jalisco fue trasladado al penal de Puente Grande, donde permaneció alrededor de 18 horas. Obtuvo su libertad bajo fianza, pagó 50 mil pesos y abandonó el recinto, solo para acudir a la delegación del Instituto Nacional de Migración, donde le esperaba una indagatoria más: había que aclarar su situación laboral en México, pues al parecer daba conciertos mientras se movía por el país con visa de turista estadunidense. Aún así, no canceló sus próximas presentaciones.

La noche del martes 19 de julio, el hijo de Sinaloa supo que había un auto de formal prisión en su contra. La suma que pagó para salir de Puente Grande el domingo le permite afrontar el juicio en libertad, pero deberá acudir a firmar el libro de procesados cada semana. Mientras sus abogados preparan las pruebas que estimen pertinentes para la defensa, el cantante sigue con su actividad. Sus canciones románticas no dejan de sonar en la radio, y sus corridos continúan acumulado vistas en Youtube. De vez en cuando manda mensajes a sus seguidores en las redes sociales, y el 21 de julio ofreció la primera conferencia de prensa después de su detención. Sin admitir preguntas por parte de los medios, ya que su situación jurídica no lo permite, pidió disculpas a las mujeres que se sintieron ofendidas por el video, y a las organizaciones que defienden los derechos de la mujer. “Quiero que sepan que no fue mi intención llegar hasta aquí, ofender de alguna u otra forma a alguna persona”, declaró.

La opinión estuvo dividida durante los meses que transcurrieron entre la publicación del video y el juicio contra Gerardo Ortiz. El caso tuvo lugar en un año en que las luchas de género y las reivindicaciones de la diversidad sexual también adquirieron una mayor notoriedad pública. Desde ahí el video fue visto como una expresión machista y feminicida, y fue atacado como tal. Por otro lado, cantantes gruperos como Bobby Pulido, Poncho Lizárraga, Julión Álvarez y Horóscopos de Durango, manifestaron su apoyo a Gerardo Ortiz, considerando el caso como un asunto de libertad de expresión.

En el mismo lapso, Ortiz llegó a ver algunos de sus conciertos cancelados por gobiernos municipales que no quisieron aparecer como difusores de sus canciones. En Puebla, Aguascalientes, Tepatitlán de Morelos y Puerto Vallarta sus fans se quedaron con las ganas de escucharlo. En San Isidro Metepec, en el Estado de México —donde la crisis de feminicidios sobrepasa a la de Ciudad Juárez— la comunidad cultural se manifestó en contra de la presentación que tenía programada el cantante para la feria municipal, pero el ayuntamiento se negó a cancelar el show: ya tenían el 80 por ciento de los boletos vendidos.

El fiscal Eduardo Almaguer opina que el caso sentará un precedente a nivel nacional  que obligará a los artistas a ponderar el contenido de sus creaciones. Lo cierto es que a nivel mediático el juicio moral está hecho: los castigos son ejemplares cuando están lejos de las responsabilidades institucionales. En los últimos seis años, sólo se ha logrado integrar adecuadamente dos investigaciones por apología del delito, una a Ortiz y otra a Martín Juárez, quien en 2015 afirmaba en Facebook ser miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación y publicaba fotos y mensajes alusivos a este grupo del crimen organizado. El caso de Gerardo Ortiz queda como referencia no sólo para cantantes sino para creadores de ficción en general, de los alcances que tiene el Estado para evitar el escrutinio público, persiguiendo una obra de contenido violento. En lo que respecta a feminicidios reales, hay quien sigue esperando un precedente que dé cuenta de un gobierno con la misma diligencia y eficacia para actuar. Sin mencionar la gran cantidad de recursos públicos que se utilizan para hacer trabajar al sistema legal en contra del cantante.

No es la primera vez que a la música popular se le acusa de incitar conductas violentas. En 1990 al grupo de heavy metal Judas Priest se le culpaba de haber provocado el suicidio de dos jóvenes por medio de supuestos mensajes subliminales. A veces el tiempo termina por revelar que en la música no está la causa del problema. En 1999 una parte de la sociedad estadounidense responsabilizaba al cantante Marilyn Manson de una matanza en una escuela de Columbine, Colorado, por parte de dos alumnos del plantel. La popularidad de Manson ha ido a la baja, pero los casos en que civiles atentan contra la gente en un lugar público se mantienen al día. En otras ocasiones, la controversia queda como un episodio que demuestra la relevancia de un artista en su contexto, tal como sucedió en 1989 con los raperos californianos N.W.A. (paisanos de Gerardo Ortiz) con una canción cuyo título, curiosamente, también empieza con la letra “F”.

REFERENCIAS

1 Un auto de formal prisión dictado por el Juez Segundo de lo Criminal, el 19 de julio de 2016.

2 Averiguación previa 343/2016

3 Averiguación previa 288/2016

Editor Yaconic

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