El pasado 2 de septiembre del 2020, un grupo de familiares de víctimas de abusos sexuales y de desaparición forzada fueron recibidos en las oficinas de la CNDH en Ciudad de México, previo a un plantón frente a Palacio Nacional que duró dos meses.
Los peticionarios demandaban atención inmediata a sus necesidades por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, dicha atención nunca llegó de manera transparente, lo que derivó en la posterior toma de las instalaciones, impulsada por la colectiva feminista Ni una menos México.
Desde entonces y hasta la fecha, la comisión ha sido re-bautizada como Okupa Casa de Refugio Ni Una Menos México, y el espacio autogestivo recuperado sirve como asilo para mujeres vulneradas, quienes reciben servicios de acompañamiento, asesoría legal, alimento y hospedaje.
No obstante, activistas del movimiento feminista han denunciado persecución política, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR), enviara citatorios a miembros de la Okupa para imputarles supuestos delitos federales.
«Este caso, como el de muchas mujeres activistas, no es un hecho aislado. Se da en el marco de la criminalización hacia la protesta legitima del movimiento feminista, con la llamada cacería de brujas».
«!No han podido aminorar la violencia de género y los feminicidios; ELIGEN SILENCIAR a quienes EXIGIMOS JUSTICIA!»
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Criminalización de la protesta: La juventud organizada
Como bien tiene a apuntar Santos Alonso Beltrán, maestro en estudios políticos por la Universidad Nacional de Colombia, «la movilización y la protesta ciudadana no son actividades extrañas a la vida política, y por el contrario, hacen parte de las formas de participación».
Aquellos quienes desean un estado democrático deliberante y un sujeto político presente y participativo, encuentran en la protesta ciudadana un espacio de democratización radical, y en la calle el escenario perfecto para llevar a cabo sus acciones políticas.
Es en el espacio público en donde ideas, posturas y concepciones convergen, para después ser llamadas a la movilización.
Alonso Beltran sostiene que la protesta social es disruptiva por naturaleza. Ocurre desde la «espontaneidad y voluntariedad de sus practicantes», pues solo así logra su cometido de cuestionar y presionar al poder institucionalizado.
Es precisamente por lo anterior que dichos movimientos no pueden ser reglamentados para definir sus periodos de ocurrencia u objetivos.
«La protesta ciudadana se radicaliza y encuentra su culmen en la acción violenta. La violencia que se desprende de una marcha, de una concentración, de un bloqueo no es un elemento extraño, artificial, separado de la misma protesta, es por el contrario su correlato: una protesta ciudadana que no se atiende se radicaliza, y una vez radicalizada se torna violenta, deriva en agresiones contra su entorno y contra quienes no están integrados a sus ideales, objetivos y reclamaciones».
Opuesto a la creencia popular, los manifestantes no son -en una inmensa mayoría- agentes del Estado, descentralizadores del poder o proselitistas de clóset. Se trata simplemente de sujetos políticos radicalizados. Individuos que buscan un cambio estructural, que son llamados por la efervescencia del momento, o simples participantes fortuitos.
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Defender la causa por encima de los individuos
«Se trata de un cambio de identidad. ¡Con una capucha puedo dejar mi propio marco normativo!”, explica el psicólogo criminalista berlinés Hans-Joachim Clausen, con respecto al uso de capuchas durante llamados sociales.
Ocultar el rostro con propósitos de desinhibición no es una práctica nueva. La aristocracia europea lo hacía ya en el siglo XVIII durante frenéticos carnavales y fiestas de disfraces, en donde detrás de una máscara escapaban de las reglas y se divertían más allá de la normativa. En territorio nacional, dicha analogía puede comprenderse en el contexto de la lucha libre mexicana. Un deporte en el que lo más preciado es la identidad anónima, y que se defiende a capa y espada sobre el cuadrilátero.
La insurgencia encapuchada no podría ser mejor representada en México que por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Desde 1994, la organización antes militar ha adoptado el uso de pasamontañas como efigie de sublevación.
En su libro, ‘Redentores: Ideas y Poder en América Latina, 2011’, el historiador Enrique Krauze apunta sobre el Subcomandante Marcos, ex-líder zapatista:
«El pasamontañas, desde luego, fue un invento extraordinario, símbolo con todas las ventajas de una maravillosa marca: distinto, sencillo, barato, útil, reproducible en sí mismo».
Como asienta la doctora Angélica Rico Montoya en su tesis, ‘Percepciones de niños y niñas zapatistas: Guerra, resistencia y autonomía’; el paliacate o pasamontañas son símbolos de identidad que encarna la voluntad del movimiento, provocando en el grupo rebelde un sentimiento de pertenencia y fuerza.
«Es como ser más zapatistas, como decirles a todos que estamos orgullosos de serlo, que no tenemos miedo. El pueblo y los abuelos hablan por nosotros» (Juanito, 12 años).
«LA CIUDAD DE LOS FOTÓGRAFOS», UN DOCUMENTAL SOBRE LA DICTADURA
La protesta es un derecho, el anonimato también
En el mundo
La primavera del 2019 fue testigo de violentas manifestaciones en Hong Kong luego de que la Jefa Ejecutiva, Carrie Lam, presentara un proyecto de ley de extradición. La oposición temía que la ciudad autónoma se abriera a las leyes de la República Popular de China, y que los hongkoneses fueran sometidos a un sistema legal distinto.
En medio de las movilizaciones (que llegaron a convocar hasta dos millones de personas), la administración de Lam recurrió a la Ordenanza de Regulaciones de Emergencia -redactada en 1922-, en un intento por prohibir el uso de máscaras y sofocar la violencia en las manifestaciones contra el gobierno.
La prohibición, posteriormente declarada como anticonstitucional por el Tribunal de Apelaciones de Hong Kong, contemplaba penas de hasta un año en prisión para aquellos quienes se negaran a desenmascararse frente a la autoridad.
En Latinoamérica
Chile fue el epicentro de la llamada «primavera Latinoamericana 2019», luego de que la nación convulsionara tras el aumento en la tarifa del sistema de transporte público en Santiago.
En respuesta al levantamiento popular, donde ocurrieron disturbios y actos vandálicos por encapuchados, el gobierno de Sebastián Piñera envío al congreso un paquete de sanciones para quienes ocultaran el rostro durante concentraciones.
El proyecto de ley establecía el ocultamiento de la identidad como «tipo penal, circunstancia agravante y caso de flagrancia», al considerar que en Chile están dadas todas las garantías y libertades democráticas para manifestarse pacíficamente a rostro descubierto sin alterar el orden público.
Dicha afirmación fue ampliamente cuestionada dado el uso desmedido de la fuerza por parte de carabineros, dinámica documentada tanto por la prensa como por organismos de derechos humanos.
8M EN NEZA: CÓMO DESCENTRALIZAR AL FEMINISMO
En México
Luego de la multitudinaria movilización feminista del #8M 2020 en la Ciudad de México (de al menos 80 mil manifestantes), usuarios en redes sociales llamaron a la instauración de una ley anti-máscaras debido a los disturbios violentos suscitados con el bloque negro.
«¡Detengamos las marchas con encapuchados! Busquemos una ley que prohíba el anonimato en las protestas públicas. Porque las protestas justas requieren transparencia. Tenemos derecho a manifestarnos, no es nada malo ni reprobable, por eso mismo no hay razón para escondernos».
«Ya basta de violencia tras una máscara, los ciudadanos reclamamos marchas pacíficas sin daño al patrimonio nacional y privado».
A un año de los eventos, la solicitud digital todavía no logra reunir los firmantes necesarios.
La Okupa Casa de Refugio Ni Una Menos México, ubicada en República de Cuba 60, continúa brindando asesoramiento, talleres y eventos de carácter cooperativo y autogestivo en beneficio de mujeres e infancias vulnerables. Las donaciones están siempre abiertas.
