El anuncio de Iván Escalante, titular de la Profeco, sobre la investigación y posible sanción a Ticketmaster, Stubhub y Viagogo por las irregularidades en la venta para el concierto de BTS en el Estadio GNP, marca un punto de inflexión necesario: la Ley Ticketmaster.
Sin embargo, para que esta acción no quede en una multa simbólica, México debe mirar hacia el precedente global. Lo que la Profeco busca establecer con estos nuevos lineamientos es una respuesta a una crisis sistémica que ya ha sido legislada en otras latitudes, como la «Fans First Act» en Estados Unidos o las estrictas normativas de transparencia en la Unión Europea.
En Estados Unidos, la presión de comunidades de fans ha llevado al Senado a discutir leyes que obligan a las plataformas a desglosar el «precio total» desde el primer clic, eliminando las tarifas ocultas que suelen aparecer al final de la transacción.
En México, la falta de claridad en precios y secciones previo a la venta de boletos para BTS es una práctica que la Profeco califica como «abusiva y desleal», pero que en términos técnicos se conoce como «drip pricing». Esta táctica de marketing engañoso presiona al consumidor a aceptar cargos adicionales bajo el estrés de un cronómetro, una práctica que la Ley de Servicios Digitales de la UE ya combate activamente.
Olivia Dean, la artista emergente que se enfrentó a Ticketmaster
Un desafío crucial para la administración de Escalante es determinar si la Profeco tiene realmente los «dientes legales» para sancionar a empresas transnacionales de reventa como Viagogo o Stubhub. Estas plataformas suelen operar bajo domicilios fiscales fuera del país, lo que complica la ejecución de sanciones nacionales.
La experiencia internacional sugiere que la única vía efectiva es la regulación directa sobre el mercado primario (Ticketmaster), obligándolos a implementar sistemas de boletos nominales e intransferibles, o limitando el precio de reventa a no más del 10% del valor original, como sucede en Francia.
La soberanía del consumidor en México depende de que estos nuevos lineamientos no sean solo reactivos. Mientras que en la UE se prohíbe el uso de bots para acaparar entradas, en México el vacío legal permite que el inventario se agote en segundos para reaparecer minutos después en sitios secundarios con sobreprecios exorbitantes.
La investigación de la Profeco debe apuntar a la infraestructura técnica: ¿cómo es que los revendedores superan las filas virtuales? Si la regulación mexicana logra forzar la transparencia en el algoritmo de asignación, estaríamos ante un avance histórico para el derecho a la cultura y el entretenimiento.
Finalmente, el caso de BTS demuestra que los grandes fandoms son ahora una fuerza de presión política. La movilización masiva de denuncias fue el catalizador para que el Estado interviniera en un mercado que tradicionalmente se autorregulaba en perjuicio del usuario.
El éxito de una posible «Ley Ticketmaster» en México radicará en su capacidad para desmantelar el monopolio de la información y garantizar que el acceso a un espectáculo sea un derecho protegido por la ley, y no un privilegio subastado al mejor postor o al algoritmo más veloz.
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Stephanye Reyes
Periodista (Carlos Septién García). Exploradora de la cultura alternativa y la disidencia. Lee mi columna para un análisis de derechos humanos e impacto social en la urbe. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig: @bruja_amapola
